Una contribución a la configuración del Senado en el Estado Federal (II)

La configuración de futuro Senado o mejor del Senado del futuro obliga a resolver, al menos, dos o tres  insuficiencias.

         i.            Una atañe a las definiciones. Debe quedar claro que la única cámara de representación de la soberanía popular  es el Congreso  porque es la única Cámara legitimada  por la ciudadanía de manera inmediata.

       ii.            Esa clarificación exige acabar con ambigüedades constitucionales del artículo 69

      iii.           Otra  de ellas es la denominación del nuevo Senado para dejar meridianamente clara su función. Podría denominarse  a la actual "cámara alta"  como "Cámara de las Nacionalidades y Regiones "  (CNR). No se me escapa que un primer punto de discrepancia será el añadir  "naciones" al nombre propuesto

     iv.             No sólo por esta razón , pero también por ésta, se hace necesario un cambio constitucional para que figuren los nombres de las entidades territoriales, como se  ha sugerido desde el  PSOE..

 Una  potestad legislativa limitada

El actual Senado se integra, con el Congreso,  en un órgano superior, las Cortes Generales. Con la configuración de CNR cabe la posibilidad de separarlos y hacer de ellos dos órganos distintos. Desaparecería así toda referencia constitucional  a las "Cortes Generales".   Esta solución redundaría en una clara visualización de las dos diferentes legitimidades: la ciudadana y la territorial.

Y  así separados, el Congreso sería el titular de las potestades parlamentarias, legislativas, presupuestarias y de control .

El nuevo senado o, mejor,   CNR tendría una concreta ,  limitada y tasada potestad legislativa.  Intervendría en todas las cuestiones predeterminadas constitucionalmente  y en aquellas que el Congreso considere que tienen dimensión territorial;  es decir el CNR podría legislar,  pero  no sería titular de su limitada potestad legislativa.

En definitiva, tendría la potestad resultante de la distribución competencial que prevea la Constitución Federal y los Estatutos de las Entidades federadas. Las  cuestiones previstas o normadas allí no podría ser materia de ordenación por parte del CNR.

¿Qué potestad concretamente se reservaría al CNR?

 Es ésta cuestión muy opinable y largamente "política". Pero  pensando cabalmente,  las leyes  cuya dimensión territorial fuera significativa e indudable, deberían ser reservadas o limitadas por la CNR. Veamos algunos ejemplos

a.       Leyes de bases.  La experiencia habida hasta el presente dice que las "leyes de bases" son un campo abonado para el conflicto. El legislador debiera limitarlas en todo lo posible. Pero cuando fuera imprescindible, el CNR debería tener equiparable al del Congreso  o, al menos,  la capacidad bloqueadora.

b.      Leyes relacionadas actualmente con las autonomías.  Las que contempla el art 150, leyes de financiación... Una precisión seguramente muy importante:  La intervención del CNR en  todo lo relacionado con la aprobación o  modificación de los estatutos de las entidades federadas , debería ser tratado con sumo cuidado porque no está en la lógica de lo expuesto que la CNR pueda enmendar lo que aprueba el parlamento de una entidad federada.

c.       Valor normativo a los convenios internacionales firmados por los gobiernos o parlamentos de las entidades federadas y los que las entidades federadas puedan acordar entre sí.

d.      Participación en asuntos europeos desarrollando normativamente  acuerdos que impliquen a las unidades federadas.

e.      Capacidad para vetar ciertas leyes, en las que se exija una "doble decisión"

Composición de la CNR

Es imprescindible, como cuestión previa, que la Constitución Federal  contemple la todas las nacionalidades y regiones federadas  así como su denominación. A eso ya se ha hecho referencia.

Habría de responderse las cuestiones siguientes:

1)      ¿Cuántos miembros debería tener la CNR?

2)      ¿Todas las entidades federadas tendrían el mismo número de representantes o un número  distinto?

3)      ¿Cómo se eligen los miembros de la CNR?

Estas respuestas   son también profundamente subsidiarias de los modelos políticos .

En cuanto al tamaño de este "Senado",  no se debe olvidar que en esta cámara reside la legitimidad  democrática territorial, por tanto no es necesario ni conveniente que sus miembros sean muchos.  Un número entre 60 y 80 parece lo sensato.

También es  razonable que el número de "senadores"  por  territorio sea distinto, atendiendo  a la  población y/o tamaño de la entidad federada. Cabe la posibilidad que haya un solo miembro por cada unidad federada, pero con  voto ponderado en función las variables de población y extensión.  Sea cual sea la fórmula que se elija, beneficiará a algunos y perjudicará a otros. Eso es así y es inevitable.

Los "senadores" se eligen de la forma que acuerde cada unidad federada. Cabe una elección en el parlamento regional, la elección por el ejecutivo de la entidad o, naturalmente, una fórmula mixta.

Otras cuestiones de menor relevancia, pero también importantes son :   la forma de elegir la Presidencia de la Cámara, que perfectamente podría ser rotatoria tras la ordenación por un determinado criterio y el lugar de ubicación de la CNR  que podría ser fija o rotatoria. Sea todo por visualizar la vocación descentralizadora del Estado Federal.

(Quedan cuestiones)

Una contribución a la configuración del Senado en el Estado Federal (I)

Hace poco,  en una de esas redes sociales que tantas soledades concitan, un amigo preguntaba en qué se sustanciaba eso del estado federal;  qué quieren decir los socialistas  cuando reivindican para España  el estado federal  como marco político, jurídico y social. Mi amigo concretaba incluso más: ¿Cuál es el papel del Senado si , finalmente, concluyen que el Senado ha de tener un papel ?

He tratado de encontrar la respuesta . Como era obligado, indagué en la Resolución Final de la reciente Conferencia Política. En  ninguna, de las más de seiscientas páginas, el documento aborda de frente y claramente la cuestión. No hay novedades ni nueva doctrina.  Porque "convertir al senado en la Cámara de representación territorial"  no es una novedad; es un lugar común y mantra de las declaraciones políticas rimbombantes.

No puede  extrañar el clamoroso silencio. La cuestión tiene una enorme enjundia. Es claro que un Estado Federal tiene que contar con una Cámara de representación territorial. Sin embargo la Constitución Española, que en el art. 69 anuncia la intención de que cumpla tal función, lo frustra por la forma de elección de los senadores, por la circunscripción electoral y esencialmente por la inexistencia de desarrollo.  Los intentos de desarrollar su papel fracasaron ampliamente. El ejemplo más palmario fue el papel de mero comparsa que jugó en la reforma de los estatutos de autonomía; eso que se ha dado en llamar los Estatutos de Autonomía de segunda generación.

Creo que el Senado no se puede reformar. La  perspectiva Federal obliga a crear un nuevo Senado. No estamos ante un problema de reforma de la Constitución, estamos ante un tiempo constituyente. Es demasiado extenso y prolijo describir el camino que me lleva a esta conclusión; me libero de la obligación por pura pereza. Apuntaré sin embargo algunos cuestiones.

Los poderes del Estado tienen que estar legitimados democráticamente. Pueden haber órganos sin legitimidad, como la Corona, que justamente por no tener legitimidad democrática no puede ejercer el poder; ningún poder.

En la Constitución  hay dos legitimidades democráticas: La legitimidad ciudadana y la legitimidad  territorial.

La legitimidad democrática ciudadana se consagra en el artículo 1 de la Constitución ("La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado"). Esa legitimidad se concreta de forma directa en la elección de las Cortes Generales, y de forma indirecta en la elección del  presidente del Gobierno y del poder judicial mediante el sometimiento de los jueces al "imperio de la ley".

La legitimidad territorial se consagra constitucionalmente  en el artículo 2.

Estas dos legitimidades son distintas y paralelas. No pueden entrar en contradicción y no pueden confluir en el mismo órgano;  deben  expresarse  en Cámaras distintas. Después de aprobada la Constitución,  debían desarrollarse estas dos legitimidades. Pero  han sido desarrolladas de forma muy desigual.

Aunque el proceso constituyente integró el Senado en las Cortes generales como "cámara de representación territorial", lo cierto es que el 80% de los senadores se elige por el mismo cuerpo electoral y en las mismas circunscripciones que los diputados al Congreso. Es decir se eligen con base en el principio de legitimación ciudadana. Sólo un escaso 20% se elige a través de los parlamentos autonómicos, y ese porcentaje parece escaso como para considerar que la legitimación territorial articula también constitucionalmente al estado. Dicho de otra manera, el principio de legitimación territorial está por desarrollar constitucionalmente.

Las diferentes formas de seleccionar senadores no deja de ser un mal menor de cara una configuración cámara que concreta la legitimidad territorial. Me explico.

Los diputados al Congreso "tienen que ser elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto" Y , además, debe respetarse el principio de igualdad  en el sistema de elección. Sin embargo la legitimidad territorial debe expresarse de forma diferenciada porque esa legitimidad lo es de las "nacionalidades y regiones"  constitucionalmente reconocidas y diferenciadas como sujetos de derecho. Y, por  paradójico que parezca, esa legitimidad  NO lo es  "de la ciudadanía" de esas nacionalidades y regiones. Esta segunda legitimidad es la que hay que hacer visible en el Senado.

De esta manera la única cámara  que representa la "soberanía popular" es el Congreso de los Diputados. El Senado debería ser definido como Cámara de las "nacionalidades y regiones que integran el Estado Federal". 

(Esto está quedando un poco largo, así que voy a dividirlo en partes. Esta es la primera)

La Ley Wert y la rotura del pacto constitucional

Asistí , escéptico pero interesado,  a la Jornada  sobre Educación organizada por el PSPV el día 2 de marzo .

 Mi escepticismo se basa en una  experiencia larga. Estas cosas se resumen en la asimetría entre los que hablan y los que escuchan. Unos parecen destinados a exponer  sus prejuicios (¡no se interprete de forma peyorativa, por favor!) y  defender sus decisiones. Los otros se limitan a llenar el local y aplaudir; o, en el mejor de los casos como ocurrió en esta ocasión, a "preguntar" sin posibilidad de contradecir,  argumentar a contrario o proponer otro discurso.  Mi escepticismo no se vio defraudado.

El interés por los temas educativos al que me obliga mi propia biografía se abonaba con  la presencia de un ex ministro como  A. Gabilondo  y la asistencia de una socialista andaluza de rompe y rasga como  la consejera Mar Moreno.

Gabilondo es un  tipo afable y un conferenciante inteligente y ameno;  sería peligroso  ser catedrático de Metafísica , profesor de Teodicea y Hermenéutica y además aburrido.  No es el caso; Gabilondo conoce como pocos la Retórica y conjuró el peligro fácilmente. Por lo demás siguió el guión: defendió sus ideas, sus reformas, sus intentos de consensuar una ley educativa perdurable basada en la coexistencia de una "triple red educativa" razonable, donde la enseñanza pública sea hegemónica y las otras subsidiarias. Lamentó, como todos los presentes, la reforma propuesta en la Ley Wert tan preñada de intenciones  ocultas como inconfesables.

Los demás también seguimos el guión. Asentimos muchas veces, disentimos algunos alguna vez  y aplaudimos como era de rigor. Pero  sin esfuerzo:  aplaudimos sin esfuerzo porque, como ya he dicho,  Gabilondo es un tipo ameno.

 Seguí el  guión hasta el final,  escribiendo una "pregunta" que fue leída  al conferenciante por el moderador;  de forma lamentable, por cierto. La pregunta , por supuesto, no fue respondida  porque  no se puede pretender  que el conferenciante responda a treinta o cuarenta preguntas en quince minutos. Un esfuerzo de síntesis así no se puede pedir a nadie. Ni a Gabilondo.

Lo que no pude discutir con el ex ministro pretendo resumirlo mucho  en esta entrada.

 Hablo de discutir  en el sentido más literal; pretendo apuntar un "discurso"  radicalmente distinto.  Seguramente es necesario aclarar que "radicalmente" también  lo empleo de manera literal:  mantengo una tesis de raíz distinta y, a día de hoy, distante.

Me explico y acabo. El presente, la situación actual, es consecuencia del pasado, de la historia. ¡Ya sé que es una obviedad pero,  en este país,  es particularmente cierto. Y los últimos treinta años se forjaron, esencialmente,  en la  transición democrática.  Ni es momento de valorarla ni yo sabría hacerlo con el rigor que la empresa merece.

A nadie se le escapa que esa concreta  transición fue posible gracias a los pactos constitucionales ¿Era posible otra transición? Quizá sí, pero eso  es materia especulativa y  un preferible histórico que nos lleva a la nostalgia.

Esos pactos están rotos. No quiero ocultar que el cambio constitucional perpetrado por ZP y Rajoy para limitar el déficit y hacer de la devolución de la deuda una prioridad por encima de los derechos civiles fue una primera pedrada; y de paso un "favor envenenado" al candidato socialista.  Pero Rajoy y su  gobierno han entrado como elefante en cacharrería y al socaire de una mayoría electoral, más sobrada de poder que de votos, acabaron  con  delicados equilibrios en el mercado laboral, en el ámbito sanitario, en el régimen contributivo y en la seguridad  social.

El pacto educativo   procuraba una escuela  pública hegemónica coexistiendo con una red privada que, entonces, se quiso subsidiaria.  Se han echado encima treinta años  y hoy  tenemos dificultades para identificar el modelo proyectado entonces. La ley  Wert lo enterrará definitivamente.

El socialismo democrático español está obligado a dar respuesta. Y la  ruptura del pacto le permite dar una  respuesta en profundidad. Le permite recuperar los pelos  que se dejó en la gatera de la transición y hacer una propuesta que contemple su  modelo; el modelo  de escuela  única, pública y laica. De la escuela que tenga como finalidad hacer efectiva la igualdad de oportunidades. La  red privada debería ser sometida a la inspección y homologación por el estado,. Es decir,  por la escuela  pública. Sólo así sería  posible su negocio. Si es que en esas condiciones era negocio.

El cambio precisaría de dos procesos electorales y un referendo . Por economía de procedimientos y ya que nos habríamos puesto al tajo no vendría mal revisar  el modelo de estado en su sentido más amplio, devolver la cuestión religiosa exclusivamente al  ámbito privado,  salvaguardar  una potente sanidad pública y tratar de poner el modelo económico al servicio de la gente.  

Debo decirlo

Lo que voy a decir no concitará muchas simpatías. Pero debo decirlo

He estado algunas veces (no muchas, la verdad) tratando de contribuir, siquiera con mi presencia, a parar algunos deshaucios. Siempre acudí convocado a través de las redes sociales. Nunca me preocupé de saber quién convocaba. Simplemente acudía.  Y punto

Ayer, 16 de feberro,  contemplé a través de los medios, cómo unos energúmenos insultaban, vejaban  y trataban  de que dos miembros del PSOE que estaban , a título personal, en la manifestación convocada en Madrid  por la P.A.H ,  la abandonaran. ¡Y lo consiguieron!
Después ví y oí a una destacada portavoz de la plataforma justificar  sin el menor rubor la actuación de los energúmenos.
Hoy he leido el la "carta" que envían a los grupos parlamentarios donde los dos párrafos finales -que transcribo- suenan a una nada velada amenaza:

...
"Por este motivo solicitamos a su grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender las demandas que contiene la ILP desde hoy mismo y sin esperar a su tramitación parlamentaria ordinaria. Exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo.

A este efecto, les adjuntamos un escrito que deberá firmar el secretario general de su organización o portavoz de grupo parlamentario y remitirlo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un plazo máximo de diez días. En caso de no recibir respuesta afirmativa en el plazo indicado, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría. En ese caso, no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país."

Se hace difícil entender qué legitimidad  asiste a P.A.H. para dirigirse  a los grupos políticos y amenazarles en los téminos  que lo hacen. Sólo, quizá,  la desesperación puede disculpar la zafiedad.

 Qué legitimidad asiste a P.A.H para negar que los grupos políticos puedan tener otra visión. Qué jodida legitimidad asiste a P.A.H para apropiarse de todo dolor de todos.

Visto todo esto, deberé prohibirme acudir a los casos de desahucios en los que la convocatoria la haga la P.A.H

A continuación el documento completo

http://www.afectadosporlahipoteca.com/los-sobres-de-la-pah-llegan-al-congreso/

Hacer nada, pero... rápidamente

No recuerdo cuántas veces he hablado y escrito de los aparcamientos, de cómo se gestó su construcción, a quién benefició y los líos que originó.  Y no sé cuántas veces he escrito que en la decisión (equivocadísima)  de construirlos se encuentra el origen de casi todos los morrocotudos problemas  que hemos de arrostrar como  ciudadanos de aquí . La  decisión, mas reciente y también equivocada,  de dar por irremediables las consecuencias cerró el círculo del desatino. No volveré sobre ello. Quien tenga curiosidad puede encontrar referencias  aquí  y aquí. 

Hoy voy a echar un vistazo a una dimensión algo más limitada pero más actual. Me voy a detener mínimamente en la política de precios  derivada de la gestión indirecta.

He tenido acceso, de forma algo rocambolesca, a los presupuestos municipales y a los de la (única) empresa pública de Mislata.  Como me sobra tiempo y curiosidad puedo permitirme  echar unas sencillas cuentas y, después, hacer mis particulares valoraciones. Cierto que me gustaría, por si fueran de utilidad,  discutirlas  de manera más  "colectiva". Pero no he encontrado mejor forma de hacerlo que ésta, a pesar de que pago puntualmente mi cuota como miembro de una organización que debe "canalizar y ser instrumento fundamental para la participación política". 

Leo en "Estado de previsión de ingresos y gastos"  de Nemasa que

                a) Los ingresos previstos  por aparcamientos son 295.948 euros. De ellos 266.448 euros ( un 90%)  se obtendrán del "alquiler de plazas" en diversas modalidades y el 10% restante (29500 euros) en régimen de rotación.

                b) Que las plazas en alquiler (modalidad 24 horas) se ponen a disposición al precio de unos  50 euros/ mes  (IVA incluido). Es decir unos 600 euros al año. Si restamos el IVA la cosa se queda en 474 euros/año. O lo que es lo mismo unos 39,5 euros/mes Este tema del "alquiler"  es bien interesante porque introduce dudas que no son fáciles de ventilar. Un poco más adelante volveré sobre ello.   

                c) Una sencilla operación nos permite conocer que la empresa presume alquilar , a lo largo de este año, 444 plazas (IVA incluido). Suponiendo que todas ellas  son de la modalidad 24 horas . Cualquier otra suposición altera la "escala" pero no cambia la argumentación. Supongamos también - ¡y que ya es suponer!- que el objetivo propuesto se cumple.

                d) Calculemos los gastos de gestión. Según los datos de la empresa,  el gasto de gestión de las plazas de alquiler suponen  251.640 euros. Por supuesto, no se incluye ni la financiación ni los gastos financieros. Si se incluyeran, el paisaje sería desolador.

                e) Es decir,  el gasto por  cada una de las plazas alquiladas supone 47 euros (567 euros al año) . Para cubrir los gastos de las gestión actual, y con expectativas de la empresa, el precio por plaza debería ser unos 57 euros (684 euros/año).

                g) De otra manera. Para cubrir los gastos de esta peculiar gestión "indirecta",  y a los precios actuales,  se debería tener alquiladas todos los días de todo el año unas 525 plazas "24 horas"  y unas 100 en rotación. La empresa ni se plantea esa expectativa

Algunas preguntas. Y algunas respuestas, también.

1) ¿Quién paga los saldos negativos resultantes de esta "agresiva" política de precios? De unos precios  que no cubren los gastos de gestión. La respuesta es obvia, pero hay que verla escrita:  ¡Se pagan con cargo a impuestos! Aunque suene demagógico es imprescindible decir que se pagan con los impuesto de una ciudadanía que ahora está azotada por el desempleo, por la precariedad laboral y los bajos salarios. Ahí late una injusticia evidente.

2) ¿Quién paga la financiación y los gastos financieros? Vale  respuesta a la pregunta  anterior. Crece la injustica.

3) Vuelvo a una cuestión que dejé pendiente. ¿Alquilar las plazas de aparcamiento a precios tan reducidos puede hacerse? La respuesta me parece menos obvia de lo que aparenta.  Se me dirá: ¡si se hace es que puede hacerse! Sin embargo me caben algunas dudas. Verán.

·         El  arrendamiento de un bien patrimonial por parte de los ayuntamientos está regulado severamente. Dice la ley que no puede hacerse por menos del 6% del valor real.

·         ¿Cuál es el valor a precios de mercado de una plaza de aparcamiento? No  se exagera si se cifra en 15.000 euros.  Ni por asomo los 600 euros cumplen lo  estipulado legalmente como reconoce el propio ayuntamiento.

·         Discurriendo razonablemente no parece lógico que las trabas legales que encuentra un ayuntamiento para hacer algo, desaparezcan si lo hace "indirectamente",  a través de una empresa  interpuesta. Y, mucho menos podría hacerlo, si no se invocan razones sociales que permitan soslayar la traba legal. Algo que el legislador parece haber previsto.  Sería interesante leer opiniones autorizadas.

4) ¿No sería más ajustado que la empresa pública pagara al Ayuntamiento el canon establecido por ley (el 6% del valor real, es decir unos 900-1000 euros/año y plaza) , y después hiciera de su capa un sayo? ¡Cómo sería el sayo!

5) ¿Cuál es la opinión de los pequeños empresarios y de los ciudadanos  que un día invirtieron en aparcamientos para alquilar,  y hoy se ven obligados a competir con los precios fuertemente subvencionados de una empresa pública. ¿Qué diría de todo esto, si tuviese conocimiento, el Comisario de la Competencia de la UE?

Llegados aquí. ¿Qué se puede hacer? 

En realidad no lo sé muy bien. En su momento se propuso declarar la lesividad de todo el proceso de adjudicación, construcción y resolución del contrato. De un proceso que fue puesto en tela de juicio por la, entonces, oposición y hoy gobierno.   Quizá sea tarde para esto. Otra alternativa contundente es seguramente imposible desde el momento en que existen plazas de aparcamiento con títulos de propiedad en manos de particulares.

¿Entonces... qué? Repito que no lo sé muy bien. Pero intentaría:

A)  Gestionar directamente. Ya sé que con ello no se eliminarían todos los gastos que he contabilizado. Ya sé que hay algunos gastos que son independientes de la forma de gestión. Pero está claro que un buen bocado se les pega. Además el  Ayuntamiento  tiene funcionarios suficientes,  con la formación y disposición  necesarias para aliviar los gastos de gestión de forma drástica.

B) Buscar la utilidad social que seguramente pasa por llenar los aparcamientos. Para ello, paradójicamente , debería rebajarse  el precio hasta conseguir una oferta irrechazable para el común de los ciudadanos. Y eliminando al tiempo aparcamiento en la calle en la medida correspondiente.

C) Compensar mediante bonificaciones fiscales a los empresarios y ciudadanos  que sufren este tipo de competencia.

Podría intentarse. Y ver.

 Y podría valorarse la idoneidad de otras prestaciones de servicio.

 Para no hacer nada siempre estamos a tiempo. O hacer algo igual a  nada pero rápidamente, tampoco es solución.

Una pulga más al perro flaco

La auditoría externa encargada por el gobierno municipal de Mislata fija una deuda entorno a los 40 millones de euros a fecha de junio 2011.

Puede que  ya haya  aumentado considerablemente.

Veamos

Todos los años el Estado transfiere una cantidad de dinero como financiación a los presupuestos municipales. Esa cantidad ronda los 8 millones y pico de euros.

¿De qué depende esa cantidad? De los PGE y en concreto de las previsiones iniciales  de ingresos
 Si, al final del año,  los ingresos son menores de los inicialmente previstos, la entidad local debe devolver una cantidad proporcional al déficit habido.

De esa manera, en 2008, no se cumplieron las previsiones de ingreso y el ayuntamiento de Mislata debió devolver más de 800.000 euros.

En 2009, la devolución se cifró en 1.347.000 euros que habrá de devolverse prorrateando en los próximos (5?)  años. La deuda derivada de la devolución de esos dos años ya está contabilizada en los 40 millones mencionados.

En 2010, fue un año duro, pero la elevación de impuestos hecha a mitad de año (aquel fatídico mayo de 2010)  debió de amortiguar la caída de ingresos. ¿Cuánto ha de devolver el ayuntamiento  de Mislata del año 2010? Pues no lo sé (pero se puede saber, si se publicaran los presupuestos detallados de 2012).   Pero no ha de ser una cantidad muy considerable. Sin embargo es una pulga más sobre el perro flaco.

La devolución mollar debe ser la de 2011, porque la caída de ingresos a partir de la mitad de aquel año, provocó un déficit brutal que se llevó por delante el gobierno de ZP. ¿A cuánto puede ascender lo que haya de devolverse? Pues no lo sé, porque no se hicieron presupuestos en 2011 y no conozco cómo se cerró.

A pesar de que ZP hizo unos prepuestos restrictivos,  hay que estimarlo en al menos una cifra parecida al de 2009.

Esa devolución irá a incrementar la deuda.  Pero, si le sumamos la deuda del "pago a proveedores", la cosa tiene un aspecto muy feo.

 Sobre todo para cuando se acaben los años de carencia de los préstamos.

Y esto  se suma a todo lo demás. Que ya es, ya