La división entre el gobierno y la oposición en materia de terrorismo ha sido un claro inconveniente para llevar a buen puerto el proceso para acabar con ETA. Poco importa, a estos efectos, que la cerrazón del PP haya impedido cualquier consenso. Ahora, con el robo de cientos de pistolas en Francia y la disposición de ETA a violentar este procedimiento, procede reconocer que el Gobierno ha intentado cumplir el mandato del Congreso y certificar que con la actitud de la organización terrorista no es posible llegar más lejos. No hay reproches al ejecutivo pero sí la petición de que acomode sus conductas a la ley.
Frente a los que pretenden que el solo hecho de que ETA no haya vuelto a matar es suficiente causa para consentir sus chantajes, amenazas y actos de terrorismo, se impone el cumplimiento de la ley y de los acuerdos parlamentarios.
Insistir en mantener abierto el proceso a pesar de los desafíos de ETA es solo una invitación a que terminen por matar para certificar la persistencia terrorista de la organización.
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