He leído un informe de la Fundación Alternativas sobre las consecuencias electorales de la corrupción. Está referido al periodo 2003-2007 y limitado a algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
La conclusión no es excesivamente optimista: los partidos no sufren electoralmente por la existencia de un alcalde implicado en casos irregulares. Incluso para aquellos casos en los que los indicios parecen ser más contundentes.
¿Qué razones explican que los candidatos sobre los que pesan serias sospechas de conductas irregulares sean exonerados por los ciudadanos? El informe no entra la cuestión. Sólo constata los hechos.
Los hechos:
a) los escándalos se concentran en municipios costeros y con mucho suelo “urbanizable”.
b) No hay diferencias significativas entre los partidos. Nadie tiene el monopolio de nada: aquí y aquí. Aunque los alcaldes “independientes” sucumben en mayor medida.
c) No hay diferencias significativas en cuanto al apoyo electoral entre listas “limpias” y listas “contaminadas”
d) Aunque lo que sigue debe ser tomado con ciertas precauciones, el estudio muestra (¡no hay datos suficientes para que se pueda decir lo demuestra!) que mientras en Andalucía la sustitución del candidato sospechoso por uno sin mácula aporta más votos a su partido, en la C. Valenciana, de forma inexplicable, se riza el rizo: la sustitución de un candidato sospechoso por uno limpio castiga al partido.
Un análisis, aunque sea superficial -incluso el mío por citar el más superficial de todos- lleva a considera, como poco, que
1.- Hay un diseño institucional que desincentiva el interés de los ciudadanos por erradicar la corrupción. Ello implica acometer cambios estructurales y legislativos que tengan en cuenta la realidad de la corrupción, que la afloren tempranamente y que permitan tomar medidas preventivas inmediatas. Un nuevo diseño de este es difícil de definir y largo de legalizar.
2.-Aunque sería contraproducente regularlo todo, es necesario reducir la enorme discrecionalidad en la toma de decisiones. Particularmente en las decisiones relacionadas con el urbanismo.
3.- Erradicar el clientelismo derivado de la capacidad para nombrar interinos, cargos a dedo y asesores políticos. Los funcionarios con un horizonte laboral condicionado por las elecciones siguientes son presas más fáciles.
4.- Por otra parte se hace imprescindible diseñar para los funcionarios locales un sistema retributivo homogéneo y general y una carrera administrativa basada en la objetividad y que introduzca perfiles laborales más variados e intercambiables.
4.- De forma inmediata es necesario incrementar los controles previos y someter a auditoría de legalidad y eficacia la actuación en la esfera local. Los actuales controles se han mostrado muy ineficaces; al menos eso parece como revelan los estudios demoscópicos. La creación de un cuerpo de funcionarios interventores de cuentas y de legalidad complemente ajenos a las entidades locales, que puedan actuar colegiadamente como “tribunales de cuentas” cercanos e inmediatos y en relación permanente con una Fiscalía anticorrupción especializada.
Si uno lo piensa, no es costoso.
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