La reunión última del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) interpretó de nuevo su conocida sinfonía de confusión y lamentos. Esta vez seis comunidades autónomas Cataluña, Andalucía, Castilla- La Mancha, Extremadura, Baleares y la inevitable Comunidad Valenciana no recibieron el plácet para equilibrar sus presupuestos. Cataluña va un poco más allá, y afirma no poder alcanzar el objetivo de déficit para este año.
Para más inri en mayo hay elecciones autonómicas en algunas de estas comunidades: apuesto lo que no tengo porque en junio su déficit real aflora y se suman a Cataluña con ese entusiasmo y sinceridad que sólo la perspectiva de cuatro años por delante saben imprimir al que forma gobierno. Y ese déficit puede ser aún mayor, por la “natural” tendencia del nuevo gobierno a inflar el déficit real. La maniobra procura dos ventajas. Por una parte, ocupar primeras páginas, dar incienso al nuevo gobierno y ganarse la imagen de gente nueva que tira de la manta. Y por otra parte, y la más importante, disculpar del incumplimiento de las promesas electorales más temerarias.
La marca de identidad más importante surgida de la Constitución del 79 es el “estado de las autonomías”. La viabilidad política de esa forma de organización está más que probada después 30 años de vigencia. Ciertamente, cada cierto tiempo, y siempre desde los mismos altares y apelando al pensamiento simple, se pretende sembrar dudas sobre la marca. Y por más que parezca evidente, uno no acaba de adivinar el objetivo de tal debate. Pero que, con otros, nos mantienen la mar de entretenidos.
Más sentido tiene, a mi juicio, interrogarse por la viabilidad de las autonomías desde el punto de vista financiero. En principio el andamiaje debería descansar sobre la “corresponsabilidad” Así debió ser aprobado en principio y así debió ser reformado. Pero no. El sistema se ha complicado tanto y contempla tantas excepciones que hoy es un galimatías tal que parece estar incrementado de forma decisiva el desorden universal. Entenderlo parece algo reservado a iniciados y los ciudadanos se ven sometidos al fuego cruzado de las opiniones interesadas y de las acusaciones entre el gobierno central y las autonomías. Si a lo anterior se le añaden las escaramuzas entre periferias y se le adereza con unas gotas de victimismo sin causa y aldeanismo rampante se acaba por cocinar un guiso indigesto para todos. La última reforma del sistema que pretendió ser la definitiva data de 2009. Dos años después la ley tiene una contestación creciente. Y la situación no ha cambiado sustancialmente.
Básicamente la administración central cede la gestión y recaudación de algunos recursos a las autonomías; recauda y transfiere otros completamente y, además, recauda la totalidad y trasfiere un porcentaje de otros. Algunas cantidades transferidas lo son mensualmente y “a cuenta”, con lo que a final de año hay que la liquidación definitiva. Es ese un momento delicado trufado de declaraciones sobre lo injusto del sistema, los agravios comparativos, las deudas históricas, las amenazas nada veladas y todas esas zarandajas.
El sistema se ha vuelto perverso. El gobierno central básicamente fija tipos, gestiona y recauda exponiendo su capital político: ¡pone la cara! Y las Comunidades gastan y reivindican más y más: ¡ponen la mano!
La inmensa mayoría en el país no pone en duda el sistema autonómico, no pone en cuestión la marca “autonómica” como signo de identidad constitucional. Pero parece que no hemos dado con un sistema de financiación adecuado, viable y que exija la responsabilidad de las decisiones a quien le correspondan.
No debe ser un problema de fácil solución. Pero a mí, modestamente, no me parece tan complicado. El modelo requeriría
1.- Concreción de un conjunto prestaciones y servicios básicos e iguales para todos los ciudadanos, garantizados por leyes orgánicas que definan su extensión, calidad y forma de gestión. Todo con el fin de garantizar un “mínimo común denominador” para todo el Estado.
2.- Establecimiento de métodos automáticos de equilibrio territorial que tenga en cuenta la población y su dispersión, la pirámide de edades, el PIB regional y otros factores.
3.- Cada comunidad podrá mejorar las prestaciones y servicios básicos estatales y establecer otros en la medida y extensión que quiera. Todo ello con sólo dos condiciones: Que lo haga con cargo a sus propios recursos y que no se endeude.
4.- A partir de la reforma del modelo de financiación, las comunidades tendrán prohibido por ley endeudarse.
5.- Los recursos económicos para la financiación de las políticas de autonómica se obtendrán de sus impuestos propios: IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF, etc.
6.- De esta manera coexistiría un IVA estatal y un IVA autonómico, un IRPF estatal y uno autonómico etc.
Un modelo como el esbozado exige delimitar claramente las competencias del Estado en cuanto a carreteras, ferrocarriles, defensa, asuntos exteriores, puertos y aeropuertos ... , además , establecer las prestaciones y servicios básicos e iguales. Para ello, desde la administración central se establece un IVA estatal, un IRPF estatal, etc
Si después, la comunidad autónoma quiere ampliar la educación obligatoria, bajar la edad de jubilación, hacer jardines en las carreteras, tener sus propias líneas aéreas, organizar un gran premio de F1, hacer aeropuertos para aviones de papel, comunicar con alta velocidad las aldeas o pagar los trajes a los altos funcionarios, ya sabe lo cómo financiarlo: le rasca el bolsillo a los ciudadanos estableciendo su propio IVA, su propio IRPF… Con lo que cada factura tendrías dos IVA, cada nómina dos IRPF, cada patrimonio dos cotizaciones… Así la administración central no contraerá “deudas históricas”, las autonómicas estarán obligadas a decidir tipos e impuestos y a recaudarlos y, lo más importante, ya no se podrán limitar sólo a gastar y a pedir más cuando se agota su saldo.
Cada administración dará las explicaciones que los ciudadanos le requieran.Después sólo habrá que esperar a las elecciones.
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