Mourinho y los aparcamientos de Mislata. Una revisión crítica

La historia de los aparcamientos  públicos de Mislata por parte del  gobierno del PP ocupan, con toda justicia, un destacado lugar en la antología universal de estulticias infames.

Los ciudadanos la conocen poco y mal. Entre  otras razones, porque se ha explicado de forma insuficiente, las pocas veces que se ha intentado explicar.

A grandes rasgos y sin entrar en detalles  -¡porque si se entra en detalles la cosa empeora!- se puede resumir así:

1.       Con  los solos votos del PP, el Ayuntamiento adjudicó la construcción y explotación  de CUATRO aparcamientos.

2.       La construcción debería  realizarse  simultáneamente.

3.       La inversión no debería superar los  12 millones de euros.

4.       La construcción fue adjudicada apresuradamente , de forma nada sorprendente,  a una empresa nada sospechosa de ser enemiga del Partido Popular (LUBASA)

5.       En compensación de la inversión, la empresa podría explotar  los aparcamientos, a riesgo y ventura,  durante  40 años, al cabo de los cuales, pasaría a pleno dominio de la ciudad.

6.        Al fin  se construyeron  sólo TRES  y, además,  dejó colgada a la ciudad con un AGUJERO en pleno centro, que nos duró dos años sometiendo a todos  vecinos a incomodidades sin cuento.

7.       La empresa adjudicataria se dispuso a explotar el “negocio” de los tres aparcamientos.

8.       Pero el negocio no fue tal. En dos años no logró vender más allá de una docena de plazas.  A pesar de la agresiva estrategia comercial practicada.

9.       La gente  no dábamos crédito a lo que creíamos, era la insolvencia comercial de la empresa. En fin, nos decíamos ingenuamente, en estos negocios las empresas a veces  ganan y a veces pierden.

10.   Pero de eso nada, monada. Ante la pifia cometida,  los adjudicatarios se dispusieron a remediar la cagada. Sólo hacía falta colocarle el fiasco  al Ayuntamiento.

11.   Y se hizo. Y de la manera más rentable: La ciudad de Mislata recompró  los tres aparcamientos por  16 millones.  Es decir 4 millones más que la cantidad por la que se adjudicaron los cuatro.

12.    La plus valía para la empresa  es superior al 40 por ciento. No está mal en tiempos de crisis.

13.   El proceso, a ojos de cualquier profano, no parecía muy claro. Ni a ojos de expertos, ya vistos  los reparos de la Intervención Municipal  que sospechaba “enriquecimiento injusto” y por tanto  convertía lo actuado en anulable. Como se sabe el reparo le costó a la  interventora  una sanción disciplinaria de general conocimiento.

14.   El desaguisado se abono por medio un mayor endeudamiento

15.   ¿Y quién pagará al final? Han acertado: nosotros. Todos nosotros.

Y ahora unas  mourinhadas, unos  ¿por qué?

 ¿Por qué tenemos que pagar los vecinos de Mislata las “alegrías”  -¡por no decir otra cosa!- del PP?

¿Por qué tenemos que soportar estoicamente que  la empresa   convierta su incompetencia  en  beneficios, a nuestra cuenta?

¿Por qué el PP de Mislata parece tan estulto? ¿Es, en realidad tan tonto? Y si no lo es… ¿qué es?  ¿De qué va el PP de Mislata?

 No deberíamos resignarnos a pagar lo que sólo  a unos pocos benefició. ¿Hay alguna forma de echar esto atrás? ¿Hay alguna forma de reparar esta sinrazón? No lo sé. Pero merece la pena intentar para todo esto. Merece la pena intentar que se  cumpla un principio que todo el mundo entiende: ¡¡quien rompe, paga!! 

Modestamente sugiero que se invoque el artículo 103 de la ley 30/1992

1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley. 
3.        …
4.       …
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Si no es eficaz, al menos será instructivo ver cómo se explica todo este disparate