Mislata: Pagar el pato y el rosario de la aurora

El Ayuntamiento de mi ciudad – Mislata -  ha sometido a pública consideración una iniciativa a la que yo debería hacer alegaciones. No las haré. Y por dos tipos de razones. Unas, las menos relevantes, se relacionan con mi afección  política  y por la utilización –lo digo con modestia- indeseable  que podría hacerse de ellas. Otras tienen que ver con el escaso recorrido de este tipo de  alegaciones  si el órgano que haya de resolverlas  las desestima  sin más; no está uno para perder el tiempo y ahogarse en la impotencia. Pero me siento en la obligación de escribir sobre el caso aunque sólo se apara dejar constancia de mi desacuerdo.    Y, por otra parte, liberar tiempo para dedicarlo al apasionante debate político que se abre ahora  en el PSOE.

El anterior gobierno municipal del PP convirtió la construcción de cuatro aparcamientos,  gracias a una  gestión delirante,  en un problema económico y político de dimensiones más que regulares. Se explica aquí. Ahora el nuevo Ayuntamiento pretende dar solución  al asunto que está atorado desde hace años.

Un problema  que, además,  ha hecho correr  ríos de tinta.

·         Los socialistas, entonces en la oposición, denunciaron  inmensas irregularidades económicas.  

·         La intervención municipal , cuya titular fue apartada de  su función por un expediente sancionador  iniciado por el alcalde Corredera, había  avisado de  poca claridad en los procedimientos y, finalmente, puso sobre el tapete  nada menos que  un posible “enriquecimiento injusto”

·         Tampoco C. Fernández , actual alcalde y entonces en la oposición, se andaba por las ramas cuando afirmaba:

  “El PP busca una artimaña, mediante decreto, para fulminar a la intervención municipal porque puede ser un claro obstáculo para concluir con el pelotazo de más 24 millones de euros que Lubasa va a recibir a costa del dinero de los ciudadanos de Mislata por unos aparcamientos que costaban menos de 16.

·         Al  tiempo que apelaba  - ¡cómo no hacerlo!- a la defensa de los intereses públicos para denunciar un gran pelotazo del PP.  Y ciertamente había buenas razones

Es  convicción generalizada  en la ciudad que este embrollo,  y el brutal endeudamiento consiguiente,   son  las razones  principales por las que Corredera y el PP  fueron  ampliamente derrotados en las elecciones locales de mayo de 2011. Elecciones que, sin embargo,  los conservadores ganaron ampliamente en el resto del país.

En su programa electoral, la candidatura socialista proponía el alquiler de las plazas de aparcamiento. La propuesta  no dejaba de ser sorprendente: Se daba  a entender que  el Ayuntamiento se hacía cargo, sin más trámites,  del disparate y sus consecuencias. Y  que, con alquilar las plazas, quedaba olvidado el posible enriquecimiento injusto y  enterradas  sin resolver  todas  las  acusaciones  de irregularidades, pelotazos y  artimañas.

 No se  entiende la posición, porque no  hay forma de olvidar  la deuda de la que se hace cargo la ciudad y que los contribuyentes pagaremos a lo largo los próximos años.  Sí se entiende, en cambio, que  pueda resultar cómodo no meterse en fregados aunque  se alienten así posiciones políticas chuscas.  Sin embargo  los posibles enriquecimientos injustos y  el hecho de que  ciertas liquidaciones no estén claras  no puede ser ignoradas sin más por los altos funcionarios municipales que velan por la legalidad de los actos administrativos y llevan a cabo la fiscalización económica, presupuestaria y  financiera para que no se dañen los intereses públicos.

Materializar la propuesta electoral  socialista se demoró en el tiempo. No era para menos. La experiencia que, con fines promocionales primero y de explotación después, llevada  a cabo por la empresa concesionaria había desembocado en un completo fracaso. Efectivamente, la empresa alquiló, con fines promocionales y por un tiempo limitado, plazas al precio  35 euros al mes que: A pesar de estar muy por debajo de los precios de mercado, la oferta no se cubrió completamente. Ni mucho menos. Cuando se pretendió vender o arrendar a precios de mercado, se acumuló fracaso tras  fracaso. Y. como se ha dicho,  la empresa concesionaria, nada enemiga  del PP terminó por endosar el “embolado”  al propio ayuntamiento. La  disposición  de Corredera y su gobierno para defender los intereses públicos fue perfectamente descriptible. 

A día de hoy, nada  presagia que, a iguales condiciones,  la iniciativa pública vaya a tener éxito donde fracasó la privada.  El éxito en esa “gestión”  parece exigir una reducción drástica del precio de alquiler. Además de ciertas consecuencias indeseables de las que después hablaré, esta reducción colisiona con que

 “el usuario, en todo caso, habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes. El valor del bien, a efectos de venta, debe ser el actual. Por ello, si en el Inventario de Bienes consta una valoración antigua, debe llevarse a cabo una nueva valoración”

Esta sutileza legal dificulta hasta el punto de imposibilitar la alternativa,  que  contempla el gobierno municipal.  Esta colisión debió ser la causa de la demora en el tiempo. No es fácil ignorar algo tan  claro. Ni es fácil olvidar todo lo que se habló e informó con anterioridad.

¿Cómo salir del laberinto?  Véase esto. Es decir, la (única) empresa pública del  Ayuntamiento asume la “actividad de aparcamientos. Una empresa pública discutida , cuya rentabilidad social y  eficiencia económica está por demostrar, podrá alquilar las plazas de aparcamiento.    Si con ello  lo que se pretende, como ingenuamente reconoce la edil de hacienda, es alquilar a precios  que pudieran soslayar el mandato legal entraríamos en terrenos poco ejemplares,  seguramente,  pantanosos. Porque son terrenos pantanosos la  empresa municipal pueda servir para soslayar un mandato legal tan  taxativo. Además se compromete todavía más  la  muy comprometida viabilidad de esa  empresa pública.

Pero a mi juicio lo que resulta especialmente incómodo es que todo este tinglado  sólo pretende  cumplir a toda costa  un compromiso electoral claramente equivocado. Porque mediante la iniciativa:

·         No se reparan las irregularidades económicas, los enriquecimientos injustos, no se aclaran las turbias liquidaciones ni se atajan los pelotazos.

·         No se defienden los intereses públicos porque no se subsanan  las consecuencias de una gestión horrorosa

·         No se evita que una empresa  haya hecho, en momentos de crisis para todos, un enorme negocio a costa de ciudadanos que pagarán durante años las consecuencias en forma de una deuda inasumible.

·         Quien alquile una plaza de aparcamiento estará en deuda con todos los demás porque estará pagando un precio por debajo del valor del mercado.  Y la diferencia la pagaremos los demás. Y eso  incluye a los que, a pesar ni con la rebaja  pueden permitirse  pagar el alquiler.

Nada es irremediable, y no se puede decir que no hay otra posibilidad a la de pagar y callar. La hay, y es potente: se trata de la declaración de lesividad por parte del Pleno de la Corporación  para proceder, posteriormente, a su impugnación contencioso-administrativa.  Pero para esta declaración hace falta arrojo y ganas de complicarse la vida. 

Uno tiene la impresión que el final del "rosario de la aurora" es una perspectiva satisfactoria comparada  con el final que se presagia a todo esto. Pero… ¡ojalá no sea nada y que nosotros lo veamos!