Y, para acabar de ser sinceros, tampoco han sido fáciles de digerir las maneras pasivas de los actuales responsables institucionales ante realidades que, no hace tanto tiempo, los mismos protagonistas tacharon de algo más que irregulares. Buena prueba de ello es que llevaron al fiscal inmensas irregularidades y se insinuó la vía penal. Uno no comprende la indiferencia actual. Aunque la entiende, por paradójico que resulte.
Los nuevos cargos electos y,
en mayor medida, aquellos a los que la
gente les ha otorgado responsabilidades de gobierno tienen ciertas obligaciones
ineludibles. Una de ellas es la transparencia. Quiero decir que se deben convertir las instituciones en casas con techo
de cristal y dar a conocer los problemas
con los que se han topado. Sin duda ,
también es legítimo y debe hacerse el señalar
con el dedo, sin otro ánimo que la transparencia, a los responsables del desaguisado.
Pero todo tiene su
tiempo. Y cada tiempo tiene su afán. Los ciudadanos eligen no sólo para que se les describan los mismos problemas una y otra vez y de la misma forma. Las malas prácticas pasadas (de ellos) no pueden justificar todo, a todos (nosotros), y durante todo el tiempo. Todos (nosotros) tenemos otras obligaciones: la más importante es la intentar dar cumplida
respuesta a los problemas de la gente. Resulta estéril y, con el paso del
tiempo, también aburrido que se traten
de abordar los problemas actuales mirando atrás. Me temo que en Mislata se ha
agotado el tiempo del "a mí que me registren", el perenne "yo no he sido" o el
socorrido "¡hay que ver lo pringado
que han dejado todo esto!". Entretenerse en eso ahora es encomendarse al proverbio de que " los
problemas viejos los soluciona el tiempo y los problemas nuevos se dejan que se hagan viejos".
Mala estrategia.
Los últimos días no
han mitigado mi perplejidad . La decisión de suspender prácticamente sine die ("hasta
que se solucionen los impagos") ciertas prestaciones sociales , y más
concretamente, las ayudas a domicilio de las personas que han menester de ello, le deja a uno asombrado .Y, sobre todo, le
deja a uno cabreado. Porque los
servicios sociales generales (SSG) son prestaciones obligatorias por parte de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (¡una
miradita a la ley de bases lo deja bastante clarinete!) En consecuencia los presupuestos municipales deben dotarse de dineros suficientes para afrontar esas políticas
sociales (-¡ políticas, por otra parte, en las que ciertos partidos están obligados a poner énfasis aunque sólo sea por la S)!- .
El presupuesto 2012 de
Mislata se aprobó bien entrado el
verano. Ya era evidente entonces que los SSG estaban condenados a financiarse exclusivamente con fondos municipales.
La fecha no es trivial porque si a la
hora de formar el presupuesto se conocen todos los usuarios y las
particularidades necesidades de cada uno, es incomprensible que se doten
de manera insuficiente las partidas correspondientes para el SSG . Sólo
necesidades sobrevenidas de última hora pueden explicar un error semejante. Si
se trata de un error, claro.
Sin entrar en otras consideraciones, es demencial
que se adopte la medida para que afecte
a la práctica totalidad de los usuarios. Es insensato comunicarlo por carta sacudiéndose la propia
responsabilidad. Es una necedad suponer que los usuarios , todos los usuarios
del SAD, encontrarán consuelo en saber que la "culpa es del gobierno
autónomo" . Querido amigo, entre prestar el servicio a todos y no
prestarlo a nadie hay una multitud de estados intermedios. Todos los que permiten la modificación de
baremos . Y todas las prioridades abonadas por el programa electoral que aquí ganó las municipales. Que lo hay y lo dice expresamente. ¡Otra miradita que algunos se han ahorrado!
Sí, los presupuestos deben atender prioritariamente a las
competencias propias aunque sea a costa de todas las impropias. Y para ciertas
formaciones las políticas sociales no sólo son políticas justas son también señas de identidad en estos tiempos que tanta necesidad tiene de
ellas.
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